Reconstrucción 2.0 o la perpetuación del desastre
La reciente sesión de la Asamblea Departamental sobre la atención de la emergencia dejó al desnudo una verdad incómoda que este diario no puede callar: tenemos presidente, pero no hay Gobierno nacional en el territorio.
Mientras las
comunidades de la región padecen los estragos sociales y materiales del sismo
del pasado 8 de agosto, la respuesta central de los ministerios de Hacienda,
Vivienda, el Fondo Milagro y la UNGRD se diluye en anuncios rimbombantes, decretos
legislativos que no generan ni canalizan recursos y anuncios públicos
convertidos en promesas de escritorio en un laberinto burocrático al que nadie
tiene acceso.
Nuestros alcaldes
continúan completamente solos, nadie los atiende ni los busca para ayudarles, hacen
malabares con presupuestos exiguos para contener la miseria dejada por el sismo,
mientras los fondos internacionales y las donaciones nacionales—como los US $200
millones desembolsados por el Banco Mundial para la mitigación de desastres—
brillan por su ausencia en las zonas afectadas.
¿En qué
cuentas de Bogotá duerme el dinero que debería estar levantando los techos del
Quindío y el Occidente Colombiano?
Los diputados
y asistentes se quejaron del abandono centralista al cual se suma una dolorosa indolencia
local: la de aquellos sectores políticos, gremios y particulares que haciendo
mutis por el foro prefirieron no atender el llamado de la duma, temerosos quizás
de incomodar al poder central del Tigre, mientras las comunidades claman su ayuda
a gritos.
Las cifras
presentadas por la Corporación CISER son un reclamo a la modorra institucional
y a la asimetría en el reparto de la bolsa nacional de la reconstrucción,
estimada en un escenario bajo de $36.6 billones de pesos que puede sobrepasar
los $50 billones si se incluyen debidamente presupuestadas todas necesidades.
De acuerdo
con la información presentada en la Asamblea por el CISER el sismo afectó de
forma real ocho de los dieciséis departamentos (Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó,
Quindío, Risaralda, Tolima, y Valle del Cauca) y aproximadamente 320 municipios
que se listan en los decretos de emergencia 1261 y 1346, pero se ensañó de
manera dramática en Risaralda, Valle del Cauca, Quindío y Chocó. Departamentos que
demandarán la mayor parte del presupuesto cuando si ocurre el milagro al fondo
le lleguen recursos.
En estos 320
municipios, resultaron damnificadas 302.777 Familias, 482.170 Personas, Fallecieron
335 habitantes, 4.515 resultaron heridos 4.515, fueron rescatadas 364 personas
y 105 permanecen desaparecidas. Animales rescatados: 3.003 y Animales afectados:
3.282.
En cuanto a
daños, el RUD reportado por UNGRD (memorando 2026EE17628 30sep2026) con cierre
al 4 de septiembre pasado, reporta un total de 250.848 viviendas averiadas, viviendas
destruidas 47.484, edificios averiados: 6.047; edificios colapsados: 758; y en
infraestructura afectada se reportaron 349 centros de salud, 3.952 centros
educativos, 6.013 centros comunitarios, 421 vías, 5 aeropuertos, 178 acueductos,
83 puentes vehiculares, y 7 puentes peatonales.
A estas cifras deben sumarse las 11.007 viviendas existentes en al menos
246 asentamientos informales (AHDI) ubicados en las frágiles cauces y rondas de
quebradas y ríos.
Las cifras evidencian
una realidad desgarradora en Quindío, 36.084 familias y 74.298 personas resultaron
damnificadas, 33.659 viviendas averiadas y otras 3.078 quedaron totalmente en
ruinas. Ciudades como Armenia (con 15.809 averiadas y 847 colapsadas), Calarcá
(con 4.497 y 313), Montenegro (con 3.774 y 732) y Quimbaya (con 2.877 y 578)
enfrentan una crisis humanitaria de proporciones históricas que no puede
resolverse con migajas presupuestales ni con el cinismo de exigir a los entes
territoriales que solucionen la catástrofe con sus recursos ordinarios o
tomando créditos.
El debate de
la Asamblea demostró que el verdadero cuello de botella no es solo la escasez
de recursos, sino un modelo aparentemente parecido al FOREC pero inexistente y
desconocido por todos, cuyos delegados tampoco asistieron a la duma para
explicarlo. Y estos mismos reclamos se sienten en los departamentos vecinos.
El Quindío
según estas cifras requerirá entre $3.45 y $5.52 billones de pesos, los cuales
en hora buena los diputados solicitaron al Gobierno Departamental presentar y
sustentar en una sesión ampliada del Consejo Departamental de Gestión del
Riesgo para que en presencia de los doce acaldes, los diputados, mesas
directivas de los concejos, gerentes de hospitales y de empresas de servicios
públicos, rectores de colegios y universidades, academia, gremios y veedores
ciudadanos se exponga y revise antes de notificarlo al Nivel Nacional.
En el caso
de Caldas, Chocó, Risaralda y Valle las cifras base hablan de una necesidad
presupuestal de $2.48, $3.1, $12.6 y $14.3 billones respectivamente.
Del total
requerido para la recuperación, al menos el 78% debe destinarse de inmediato a
la solución habitacional, mediante subsidios al 100% para reparación,
reconstrucción y reubicación mediante la construcción de viviendas nuevas cuya
cifra supera las 30 mil unidades en Quindío y 230.000 en todo el
Occidente. Mientras que el 22% del
presupuesto restante debe ir a la rehabilitación de la infraestructura pública
esencial (colegios, escuelas, hospitales, etc.).
Sin embargo,
la gran advertencia de esta tribuna editorial es categórica: reconstruir igual
sería reconstruir y profundizar nuestras vulnerabilidades históricas. No
podemos permitir que los dineros públicos terminen financiando y blindando una
nueva burbuja inmobiliaria que ahogue al eje cafetero y deteriore aún más la
calidad de vida de todos quienes aquí habitamos.
Por todo
ello, el Quindío necesita una Reconstrucción 2.0 inmediata que rompa con
la centralización burocrática de Bogotá. Se requiere la presencia real de los ministerios
mediante una gerencia descentralizada y operante en el territorio, articulada
con un manejo transparente de los recursos.
El agua y la
seguridad hídrica deben ponerle el límite estricto al cemento, y no al revés.
Asimismo, como un acto de elemental justicia económica y dignidad regional, los
contratos de esta reconstrucción no pueden seguir engordando a las grandes
firmas foráneas: se debe blindar el proceso exigiendo un mínimo del 50% al 70%
de contratación para empresas, profesionales y mano de obra local en los
equipos directivos.
Si la
riqueza generada en la reconstrucción por la tragedia no se queda en las
familias y trabajadores del Quindío, el desastre habrá sido doble.
Comentarios
Publicar un comentario