Reconstrucción 2.0 o la perpetuación del desastre

La reciente sesión de la Asamblea Departamental sobre la atención de la emergencia dejó al desnudo una verdad incómoda que este diario no puede callar: tenemos presidente, pero no hay Gobierno nacional en el territorio.

Mientras las comunidades de la región padecen los estragos sociales y materiales del sismo del pasado 8 de agosto, la respuesta central de los ministerios de Hacienda, Vivienda, el Fondo Milagro y la UNGRD se diluye en anuncios rimbombantes, decretos legislativos que no generan ni canalizan recursos y anuncios públicos convertidos en promesas de escritorio en un laberinto burocrático al que nadie tiene acceso.

Nuestros alcaldes continúan completamente solos, nadie los atiende ni los busca para ayudarles, hacen malabares con presupuestos exiguos para contener la miseria dejada por el sismo, mientras los fondos internacionales y las donaciones nacionales—como los US $200 millones desembolsados por el Banco Mundial para la mitigación de desastres— brillan por su ausencia en las zonas afectadas.

¿En qué cuentas de Bogotá duerme el dinero que debería estar levantando los techos del Quindío y el Occidente Colombiano?

Los diputados y asistentes se quejaron del abandono centralista al cual se suma una dolorosa indolencia local: la de aquellos sectores políticos, gremios y particulares que haciendo mutis por el foro prefirieron no atender el llamado de la duma, temerosos quizás de incomodar al poder central del Tigre, mientras las comunidades claman su ayuda a gritos.

Las cifras presentadas por la Corporación CISER son un reclamo a la modorra institucional y a la asimetría en el reparto de la bolsa nacional de la reconstrucción, estimada en un escenario bajo de $36.6 billones de pesos que puede sobrepasar los $50 billones si se incluyen debidamente presupuestadas todas necesidades.

De acuerdo con la información presentada en la Asamblea por el CISER el sismo afectó de forma real ocho de los dieciséis departamentos (Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Risaralda, Tolima, y Valle del Cauca) y aproximadamente 320 municipios que se listan en los decretos de emergencia 1261 y 1346, pero se ensañó de manera dramática en Risaralda, Valle del Cauca, Quindío y Chocó. Departamentos que demandarán la mayor parte del presupuesto cuando si ocurre el milagro al fondo le lleguen recursos.

En estos 320 municipios, resultaron damnificadas 302.777 Familias, 482.170 Personas, Fallecieron 335 habitantes, 4.515 resultaron heridos 4.515, fueron rescatadas 364 personas y 105 permanecen desaparecidas. Animales rescatados: 3.003 y Animales afectados: 3.282.

En cuanto a daños, el RUD reportado por UNGRD (memorando 2026EE17628 30sep2026) con cierre al 4 de septiembre pasado, reporta un total de 250.848 viviendas averiadas, viviendas destruidas 47.484, edificios averiados: 6.047; edificios colapsados: 758; y en infraestructura afectada se reportaron 349 centros de salud, 3.952 centros educativos, 6.013 centros comunitarios, 421 vías, 5 aeropuertos, 178 acueductos, 83 puentes vehiculares, y 7 puentes peatonales.  A estas cifras deben sumarse las 11.007 viviendas existentes en al menos 246 asentamientos informales (AHDI) ubicados en las frágiles cauces y rondas de quebradas y ríos.

Las cifras evidencian una realidad desgarradora en Quindío, 36.084 familias y 74.298 personas resultaron damnificadas, 33.659 viviendas averiadas y otras 3.078 quedaron totalmente en ruinas. Ciudades como Armenia (con 15.809 averiadas y 847 colapsadas), Calarcá (con 4.497 y 313), Montenegro (con 3.774 y 732) y Quimbaya (con 2.877 y 578) enfrentan una crisis humanitaria de proporciones históricas que no puede resolverse con migajas presupuestales ni con el cinismo de exigir a los entes territoriales que solucionen la catástrofe con sus recursos ordinarios o tomando créditos.

El debate de la Asamblea demostró que el verdadero cuello de botella no es solo la escasez de recursos, sino un modelo aparentemente parecido al FOREC pero inexistente y desconocido por todos, cuyos delegados tampoco asistieron a la duma para explicarlo. Y estos mismos reclamos se sienten en los departamentos vecinos.

El Quindío según estas cifras requerirá entre $3.45 y $5.52 billones de pesos, los cuales en hora buena los diputados solicitaron al Gobierno Departamental presentar y sustentar en una sesión ampliada del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo para que en presencia de los doce acaldes, los diputados, mesas directivas de los concejos, gerentes de hospitales y de empresas de servicios públicos, rectores de colegios y universidades, academia, gremios y veedores ciudadanos se exponga y revise antes de notificarlo al Nivel Nacional. 

En el caso de Caldas, Chocó, Risaralda y Valle las cifras base hablan de una necesidad presupuestal de $2.48, $3.1, $12.6 y $14.3 billones respectivamente.

Del total requerido para la recuperación, al menos el 78% debe destinarse de inmediato a la solución habitacional, mediante subsidios al 100% para reparación, reconstrucción y reubicación mediante la construcción de viviendas nuevas cuya cifra supera las 30 mil unidades en Quindío y 230.000 en todo el Occidente.  Mientras que el 22% del presupuesto restante debe ir a la rehabilitación de la infraestructura pública esencial (colegios, escuelas, hospitales, etc.).

Sin embargo, la gran advertencia de esta tribuna editorial es categórica: reconstruir igual sería reconstruir y profundizar nuestras vulnerabilidades históricas. No podemos permitir que los dineros públicos terminen financiando y blindando una nueva burbuja inmobiliaria que ahogue al eje cafetero y deteriore aún más la calidad de vida de todos quienes aquí habitamos.

Por todo ello, el Quindío necesita una Reconstrucción 2.0 inmediata que rompa con la centralización burocrática de Bogotá. Se requiere la presencia real de los ministerios mediante una gerencia descentralizada y operante en el territorio, articulada con un manejo transparente de los recursos.

El agua y la seguridad hídrica deben ponerle el límite estricto al cemento, y no al revés. Asimismo, como un acto de elemental justicia económica y dignidad regional, los contratos de esta reconstrucción no pueden seguir engordando a las grandes firmas foráneas: se debe blindar el proceso exigiendo un mínimo del 50% al 70% de contratación para empresas, profesionales y mano de obra local en los equipos directivos.

Si la riqueza generada en la reconstrucción por la tragedia no se queda en las familias y trabajadores del Quindío, el desastre habrá sido doble.

 

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