RAP EJE CAFETERO análisis crítico y propuestas de reorientación de la agenda regional de proyectos para el Plan Nacional de Desarrollo 2026–2030 de Abelardo De la Espriella.

Una agenda para mover mercancías, no para garantizar la vida

Nación Quimbaya, Territorio Burila, Cuenca del Tatayamba

Julio 08 de 2026

 

 

Señor

HUMBERTO TOBON

Gerente
Región Administrativa y de Planificación RAP DEL EJE CAFETERO

Pereira, R.

 

Señores gobernadores de Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima
Miembros de la RAP Eje Cafetero

Copia: corporaciones autónomas regionales, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Procuraduría General de la Nación, Contralorías, Defensoría del Pueblo, cámaras de comercio, comités intergremiales, Comisión Regional de Competitividad, Bancadas parlamentarias, universidades, consejos de cuenca y demás organizaciones sociales y ambientales de la región.

 

Asunto: Remisión de análisis crítico y propuestas de reorientación de la agenda regional de proyectos para el Plan Nacional de Desarrollo 2026–2030 de Abelardo De la Espriella.

 

Respetados señores:

En representación de la Corporación para la Investigación Socioeconómica Regional —CISER—, en ejercicio del derecho petición y con fundamento en la experiencia acumulada durante la permanencia de seis años en el Consejo de Cuenca del POMCA del río La Vieja–Tatayamba, nos permitimos remitir el documento denominado “Análisis crítico de los proyectos priorizados por la RAP Eje Cafetero: una agenda para mover mercancías, no para garantizar la vida”.

El escrito examina la propuesta regional divulgada para su incorporación al Plan Nacional de Desarrollo 2026–2030 y advierte un desequilibrio que debe corregirse antes de que la agenda sea presentada como expresión integral de las necesidades del territorio.

Mientras los proyectos viales, ferroviarios, aeroportuarios y logísticos aparecen definidos mediante corredores, localizaciones, costos y horizontes de ejecución, los asuntos esenciales para la supervivencia regional —seguridad hídrica, agua potable, saneamiento básico, tratamiento de vertimientos, gestión integral de residuos, adaptación climática y protección del Paisaje Cultural Cafetero Colombiano— permanecen reducidos a referencias generales y sin una cartera equivalente de proyectos, financiación, metas y responsables.

A esta asimetría temática se suma una preocupante parcialización territorial de la agenda, pues la distribución de los proyectos no parece responder de manera equilibrada a las necesidades de los departamentos que integran la RAP.

Risaralda y Caldas concentran los principales nodos logísticos, aeroportuarios, ferroviarios, hospitalarios y de servicios regionales, mientras el Quindío y buena parte del Tolima aparecen principalmente como territorios de paso, soporte vial y receptores de impactos derivados del tránsito, la expansión urbana, el turismo y la presión sobre sus recursos naturales.

Esta configuración puede terminar consolidando un modelo en el que unos departamentos capturan la centralidad económica, la inversión y los servicios de mayor valor agregado, mientras otros asumen los costos ambientales, sociales y territoriales de la conectividad regional.

Por ello, denunciamos que la agenda, tal como fue presentada, carece de un criterio explícito de equidad interdepartamental, compensación territorial y distribución justa de beneficios y cargas, indispensable para que la RAP actúe como verdadero instrumento de integración regional y no como mecanismo de concentración selectiva de oportunidades.

La presente comunicación no pretende desconocer la importancia de la conectividad ni oponerse de manera indiscriminada a la infraestructura regional.

Su propósito es exigir que toda inversión orientada a incrementar el comercio, el turismo, la urbanización o la circulación de mercancías se subordine previamente a la capacidad real de los ecosistemas, de las fuentes abastecedoras y de los sistemas municipales de servicios públicos.

Una región no puede considerarse competitiva si sus habitantes enfrentan riesgo de desabastecimiento, si sus ríos reciben vertimientos sin tratamiento, si sus acueductos rurales carecen de respaldo técnico y si sus rellenos sanitarios se aproximan a escenarios críticos de colmatación.

Esta preocupación resulta especialmente grave porque la propia RAP ha reconocido que 43 de los 100 municipios de la región presentan riesgo alto o medio de desabastecimiento de agua durante periodos de intenso calor. Sin embargo, ese diagnóstico no se traduce en un Plan Regional de Seguridad Hídrica con proyectos municipalizados, presupuestos, fuentes de financiación, cronogramas e indicadores verificables. La amenaza está reconocida, pero la solución todavía no ha sido estructurada con la misma diligencia aplicada a las carreteras, los aeropuertos, los trenes y las plataformas logísticas.

El documento también incorpora los resultados de la gestión adelantada desde el Consejo de Cuenca, las recomendaciones formuladas por el CISER para la protección del PCCC y el diagnóstico construido con información de la Superintendencia de Servicios Públicos, la Procuraduría General de la Nación, autoridades ambientales, operadores y empresas prestadoras sobre la crisis regional de los residuos sólidos. Estos antecedentes demuestran que no existe ausencia de información ni falta de propuestas: existen diagnósticos, alertas y alternativas que deben ser incorporados en la planeación regional.

En particular, resulta inadmisible promover una expansión de las actividades logísticas, comerciales, industriales y turísticas sin establecer qué ocurrirá con el incremento de la demanda de agua, los nuevos vertimientos, los residuos orgánicos, los empaques, los materiales desechables y los residuos de construcción que producirán los mismos proyectos. La infraestructura económica no puede seguir formulándose por separado de la infraestructura ambiental que debe sostenerla.

Por lo anterior, solicitamos respetuosamente que este análisis sea recibido como un aporte técnico, ciudadano y preventivo; sea circulado entre los gobernadores, equipos de planeación, consejos directivos y mesas técnicas de la RAP; y sea considerado antes de consolidar la agenda definitiva que será presentada al Gobierno nacional y a la bancada parlamentaria regional.

Nuestra invitación es clara:

Se debe sí o sí, reorientar la agenda regional para que el agua, el saneamiento, la gestión de residuos, la protección del PCCC y la capacidad ambiental del territorio no sean capítulos accesorios, sino condiciones previas, priorizadas y vinculantes de toda política de competitividad. Así mismo la agenda debe equilibrarse territorialmente sin sesgos entre departamentos.

El Eje Cafetero sí necesita infraestructura, pero necesita primero garantizar que sus habitantes puedan seguir viviendo dignamente en él.

En consecuencia, solicitamos a cada uno de los gobernadores que integran la RAP Eje Cafetero emitir un pronunciamiento oficial, expreso y de fondo sobre las observaciones formuladas en esta comunicación, indicando si comparte, rechaza o propone ajustar la actual priorización regional, así como las medidas concretas que impulsará para garantizar equilibrio territorial, protección ambiental y distribución justa de beneficios y cargas entre los departamentos.

Esta respuesta deberá ser individualizada, motivada y remitida dentro de los términos legales aplicables al derecho fundamental de petición, evitando pronunciamientos genéricos o remisiones impersonales a la administración de la RAP.

Atentamente,

 

Luis Alberto Vargas Ballén
Director CORPOCISER

Nota: Este es un documento electrónico generado desde los Sistemas de Información de la CORPORACIÓN CISER.  El original reposa en los archivos digitales de la Entidad.

Past presidente Consejo de Cuenca del POMCA del río La Vieja Tatayamba
Vocero Veeduría Cívica Armenia y Quindío

ANÁLISIS CRÍTICO DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR LA RAP EJE CAFETERO

Una agenda para mover mercancías, no para garantizar la vida

La propuesta promovida por la RAP Eje Cafetero para el Plan Nacional de Desarrollo 2026–2030 presenta una contradicción profunda: reconoce que la región enfrenta riesgos graves de desabastecimiento de agua y vulnerabilidad climática, pero concentra su capacidad técnica, política y financiera en carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, plataformas logísticas y corredores para el comercio.

En las páginas divulgadas, los proyectos de infraestructura económica tienen nombres, trayectos, costos, localizaciones, fuentes potenciales de financiación y entidades responsables. En cambio, la protección ambiental queda reducida a advertencias generales, llamados institucionales y declaraciones de buena voluntad.

La conclusión es inevitable:

La RAP sabe que el agua está en riesgo, pero sigue planeando como si la prioridad fuera que circulen más vehículos, mercancías y turistas, y no que las personas puedan seguir viviendo dignamente en el territorio.

Debe advertirse que este análisis se refiere al contenido concreto de la propuesta divulgada. Si la RAP dispone de proyectos ambientales adicionales, estos no aparecen con la misma claridad, jerarquía ni nivel de estructuración que las obras de conectividad.

 

1.                       La verdadera prioridad de la RAP: es lo que denominan competitividad, logística y comercio

La agenda regional se articula alrededor de una visión económica muy definida:

·        rehabilitación y extensión de corredores ferroviarios;

·        terminación y construcción de dobles calzadas;

·        nuevas concesiones viales;

·        plataformas logísticas y puertos secos;

·        modernización de aeropuertos;

·        conexiones con el Pacífico, el Caribe y el Magdalena;

·        reducción de costos de transporte;

·        fortalecimiento del comercio exterior.

La RAP anuncia un Plan Logístico Regional con 32 proyectos e inversiones aproximadas de $22 billones durante 15 años. Esa magnitud demuestra dónde están realmente puestas sus prioridades.

No se observa un esfuerzo equivalente para estructurar un Plan Regional de Seguridad Hídrica, un Plan Regional de Saneamiento, un Sistema Regional de Aprovechamiento de Residuos o una estrategia financiera para proteger el Paisaje Cultural Cafetero.

La región está siendo pensada como una plataforma logística antes que como un territorio vivo.

 

2.                       El componente ambiental es marginal, genérico y desproporcionado

El documento incorpora un apartado denominado “Lo ambiental”, pero su contenido no guarda proporción con la dimensión de los riesgos reconocidos.

La propia RAP admite que 43 de los 100 municipios de la región presentan riesgo alto o medio de desabastecimiento durante temporadas de intenso calor. Este hallazgo debería provocar una reorganización completa de las prioridades regionales.

Sin embargo, la respuesta propuesta consiste esencialmente en solicitar “acciones inmediatas” y coordinación entre autoridades locales, corporaciones autónomas y el Ministerio de Ambiente.  Lo que manifiesta que en este vital aspecto no se han formulado iniciativas.

No se identifican:

·        proyectos específicos por municipio;

·        presupuestos para seguridad hídrica;

·        fuentes de financiación;

·        metas de aumento de oferta;

·        reducción de pérdidas;

·        cronogramas;

·        responsables directos;

·        indicadores de cumplimiento.

La RAP reconoce una amenaza que compromete la supervivencia de millones de personas, pero no la convierte en una cartera de proyectos.

Eso no es planeación ambiental. Es apenas una declaración de preocupación.

 

La omisión es más grave porque la región ya cuenta con una agenda ambiental formulada

La debilidad ambiental de la propuesta de la RAP no puede justificarse alegando falta de diagnósticos, información o alternativas.

Durante la pasada presidencia del Consejo de Cuenca del POMCA del río La Vieja–Tatayamba se construyó una agenda técnica que articula seguridad hídrica, salud pública, saneamiento, residuos sólidos, ordenamiento territorial, gestión del riesgo, protección del PCCC y participación ambiental.

Esta agenda incluyó requerimientos e información sobre:

ü  calidad del agua para consumo humano, IRCA, eventos de riesgo y mapas de riesgo;

ü  fuentes abastecedoras y concesiones de agua;

ü  condiciones de potabilización y distribución;

ü  estado de los acueductos urbanos y rurales;

ü  PTAP, PTAR y Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, Parques Tecnológicos para RSU;

ü  PGIRS, rellenos sanitarios, lixiviados y vida útil;

ü  riesgos por contaminación y fallas de saneamiento;

ü  armonización de POT, PBOT y EOT con las determinantes del POMCA;

ü  asentamientos humanos expuestos a inundaciones, avenidas torrenciales y movimientos en masa;

ü  identificación y gestión de pasivos ambientales;

ü  protección de rondas hídricas, nacimientos y zonas de recarga.

El Informe General de Rendición de Cuentas del presidente del Consejo de Cuenca demuestra que estas materias no fueron formuladas como simples aspiraciones. Se adelantó la construcción de una línea base territorial mediante requerimientos a los municipios, autoridades ambientales, empresas de servicios públicos y entidades nacionales, con el propósito de sustentar decisiones verificables y superar la dispersión institucional de la información.

Por tanto, la exclusión de estos asuntos en la agenda de proyectos de la RAP no es una omisión técnica involuntaria. Es una decisión de priorización política: se escogió estructurar y promover la infraestructura para la competitividad, mientras se dejó sin una cartera equivalente la infraestructura indispensable para la vida.

La RAP no carecía de propuestas ambientales: careció de voluntad para colocarlas al mismo nivel de los trenes, las dobles calzadas, los aeropuertos y las plataformas logísticas.

 

3.                       Hay precisión para las carreteras y vaguedad para el agua

El contraste metodológico es contundente.

Para la infraestructura vial, ferroviaria y logística se identifican corredores concretos:

ü  Calarcá–La Paila;

ü  Armenia–Pereira–Manizales;

ü  Armenia–Cartago;

ü  Mariquita–Manizales;

ü  Zarzal–La Tebaida;

ü  Neiva–Tolima–La Dorada;

ü  Yumbo–La Felisa;

ü  La Felisa–La Virginia;

ü  Ibagué–Cajamarca.

También se identifican aeropuertos, plataformas logísticas, puertos secos y nodos productivos específicos.

Para el agua, en cambio, no se dice:

ü  qué fuentes abastecedoras se encuentran en mayor riesgo;

ü  qué municipios requieren nuevas captaciones;

ü  qué plantas de tratamiento deben ampliarse;

ü  qué redes presentan mayores pérdidas;

ü  qué acueductos rurales carecen de tratamiento;

ü  dónde se necesitan nuevos tanques;

ü  qué inversiones garantizarán reservas para emergencias;

ü  qué cuencas requieren restauración inmediata.

La diferencia revela una jerarquía política:

El recorrido de las mercancías está técnicamente estructurado; el recorrido del agua desde la montaña hasta los hogares permanece sin proyecto.

La Presidencia del Consejo de Cuenca propuso precisamente superar esa vaguedad mediante un sistema regional de información ambiental y territorial. Este debía integrar datos municipales, regionales y nacionales sobre oferta y demanda hídrica, calidad del agua, concesiones, saneamiento, riesgo, uso del suelo, asentamientos humanos e infraestructura de servicios.

El Consejo planteó que la información no permaneciera fragmentada entre alcaldías, corporaciones autónomas, prestadores y entidades nacionales, sino que se consolidara como una línea base pública para:

ü  identificar subcuencas con estrés hídrico;

ü  determinar la capacidad real de abastecimiento;

ü  conocer el estado de PTAP, PTAR y redes;

ü  verificar el cumplimiento de los PSMV y PGIRS;

ü  establecer alertas frente a licencias y proyectos;

ü  evaluar impactos acumulativos;

ü  definir prioridades de inversión;

ü  realizar control ciudadano e institucional.

La experiencia de la Presidencia demostró que la información ambiental existe, pero está dispersa, incompleta o desactualizada, lo que limita la gobernanza y facilita que las decisiones económicas se adopten sin una evaluación suficiente de sus consecuencias.

La RAP debió convertir esta necesidad en un Sistema Regional Integrado de Información Ambiental, Hídrica y de Servicios Públicos, con presupuesto, responsables, interoperabilidad y actualización periódica. En cambio, ofrece cifras generales sobre riesgo de desabastecimiento, pero no estructura la herramienta mínima para administrar dicho riesgo.

 

4.                       Omisión casi absoluta del saneamiento básico

La agenda divulgada no presenta una estrategia regional sólida para el saneamiento básico, pese a que la expansión vial, logística, turística y urbana incrementará inevitablemente la presión sobre alcantarillados, fuentes hídricas y plantas de tratamiento.

No se priorizan de manera visible:

ü  construcción y ampliación de PTAR;

ü  descontaminación de ríos y quebradas;

ü  tratamiento de vertimientos urbanos;

ü  soluciones de saneamiento rural;

ü  manejo y disposición de lodos;

ü  eliminación de conexiones erradas;

ü  modernización de redes de alcantarillado;

ü  control de vertimientos industriales y agroindustriales;

ü  reúso de aguas tratadas;

ü  sistemas separados de aguas lluvias y residuales.

Esta ausencia es particularmente grave porque no existe verdadera competitividad en ciudades que descargan sus aguas residuales sobre los mismos ríos de los que depende su abastecimiento.

Promover más desarrollo logístico sin garantizar capacidad de saneamiento equivale a acelerar la contaminación.

Cada nueva plataforma logística, urbanización, aeropuerto ampliado, corredor turístico o concentración industrial demanda agua y genera aguas residuales.

La RAP presenta las infraestructuras que aumentarán la carga, pero no las obras necesarias para tratar sus efectos.

Esta omisión contrasta directamente con el trabajo desarrollado por el Consejo de Cuenca, que situó el saneamiento como parte inseparable de la seguridad hídrica y de la salud pública. No basta con conocer cuánta agua existe: es indispensable determinar qué ocurre después de utilizarla, dónde se vierte, qué tratamiento recibe y qué impacto produce sobre las fuentes que abastecen a las poblaciones aguas abajo.

La agenda propuesta desde el Consejo comprendió:

ü  inventario regional de PTAR y sistemas de saneamiento;

ü  revisión del estado y cumplimiento de los PSMV;

ü  identificación de vertimientos urbanos, rurales, industriales y agroindustriales;

ü  evaluación de eficiencias reales de tratamiento;

ü  control de conexiones erradas;

ü  seguimiento a cargas contaminantes;

ü  recuperación de cuerpos de agua;

ü  tratamiento y disposición adecuada de lodos;

ü  soluciones descentralizadas para las zonas rurales;

ü  reúso de aguas tratadas y aprovechamiento de aguas lluvias;

ü  priorización de inversiones según riesgo sanitario y ambiental.

En el Informe de Rendición de Cuentas del Consejo de Cuenca se exige a los municipios priorizar inversiones en saneamiento y a las autoridades ambientales ejercer control efectivo sobre vertimientos, ocupaciones indebidas y pasivos ambientales. Asimismo, demanda a las empresas prestadoras mayor transparencia y responsabilidad frente al agua y al saneamiento.

La RAP no puede hablar de productividad regional mientras los ríos reciben las descargas generadas por el crecimiento que ella misma pretende promover.

Cada kilómetro de nueva infraestructura que induzca urbanización, turismo o actividad económica sin una capacidad equivalente de saneamiento se convierte en una nueva carga contaminante financiada con recursos públicos.

 

5.                       Los residuos sólidos desaparecen de la agenda regional, la RAP ignoró una crisis regional de residuos que ya había sido advertida

El tratamiento de los residuos sólidos constituye uno de los vacíos más graves de la propuesta de la RAP Eje Cafetero. Mientras se estructuran corredores viales, trenes, aeropuertos y plataformas logísticas para aumentar el comercio, la industria y el turismo, no aparece una cartera regional equivalente para reducir, aprovechar y tratar los residuos adicionales que producirán esas actividades.

No se priorizan proyectos regionales de separación en la fuente, clasificación, reciclaje, compostaje, biodigestión, tratamiento de residuos especiales y peligrosos, aprovechamiento de residuos de construcción y demolición, manejo avanzado de lixiviados, captura de biogás, formalización de recicladores, aplicación efectiva del comparendo ambiental ni transición hacia la economía circular.

La omisión es más grave porque el Consejo de Cuenca del río La Vieja–Tatayamba ya había advertido que la región enfrenta una crisis supramunicipal de gobernanza ambiental, continuidad del servicio público, protección del agua y salud pública. La Procuraduría nacional delegada para temas ambientales y agrarios incluso habló en Armenia de un posible “efecto cascada” y de riesgo de “colapso regional” si fallan las principales infraestructuras de disposición final.

Radiografía de los cinco rellenos regionales

Relleno sanitario	Localización	Carga y cobertura relevante	Vida útil o situación reportada
Parque Ambiental Andalucía	Montenegro, Quindío	Entre 450 y 470 toneladas diarias, cerca de 14.000 toneladas mensuales. Pasó de atender 6 municipios a cerca de 19, incluidos los 12 del Quindío y varios del norte del Valle	Aproximadamente 5,5 meses según el diagnóstico presentado ante la Comisión Regional de Moralización; es el punto más crítico del sistema
La Glorita	Pereira, Risaralda	Cerca de 333.700 toneladas anuales y cobertura de municipios de Risaralda, Quindío, Valle y Caldas	El Plan de Manejo Ambiental permite el uso hasta octubre de 2028. Superservicios reportó cerca de 73 meses; ATESA proyectó más de 7 años, pero otras autoridades han advertido escenarios más próximos. Requiere una auditoría que armonice las cifras
Parque Presidente	Buga, Valle del Cauca	Recibe residuos de municipios del Valle y aparece como alternativa de contingencia para el Quindío	Los análisis regionales le atribuían menos de 2 años de vida útil, por lo que no representa una solución estructural
La Miel	Ibagué, Tolima	Alternativa cotizada por NEPSA para transportar residuos desde el Quindío. El costo informado fue de $62.505,55 por tonelada, frente a $51.239,51 en La Glorita	Nueva capacidad con horizonte técnico aproximado hasta 2042–2043
La Esmeralda	Manizales, Caldas	Atiende municipios de Caldas y de otros departamentos y ha sido considerada como posible alternativa de contingencia	Vida útil aproximada hasta 2034; EMAS reportó cerca de 1,9 millones de toneladas remanentes desde julio de 2025

Andalucía constituye el riesgo más inmediato. Su crecimiento desde una infraestructura concebida para seis municipios hasta un relleno regional que recibe residuos del Quindío y del norte del Valle explica la rápida disminución de su capacidad.

La Glorita, aunque dispone de mayor capacidad, tampoco puede ser considerada ilimitada. Recibe residuos de más de veinte municipios y alrededor de 333.728 toneladas al año. Además, persisten diferencias importantes entre las proyecciones del operador, la Superservicios, la Contraloría y las autoridades locales.

El relleno Presidente aparece como destino alternativo pese a su horizonte restringido. Enviar allí los residuos que Andalucía deje de recibir solamente trasladaría la emergencia hacia Buga y aceleraría el agotamiento de otra infraestructura regional.

La Miel cuenta ahora con una mayor capacidad y una proyección hasta 2042 o 2043. Sin embargo, utilizarla como salida permanente para el Eje Cafetero significaría recorrer mayores distancias, aumentar costos, emisiones y desgaste vehicular. NEPSA estimó un valor de $62.505,55 por tonelada en La Miel, alrededor de un 22 % más que en La Glorita, sin incluir plenamente combustible, peajes, personal ni pérdida de disponibilidad de los compactadores.

La Esmeralda posee una vida útil estimada hasta 2034. El operador reportó aproximadamente 1.897.602 toneladas remanentes desde julio de 2025, equivalentes a unos 9,8 años bajo las condiciones actuales.  Pero tampoco puede convertirse en el receptor indefinido de la basura de otros departamentos sin reducir su propio horizonte operacional.

El diagnóstico demuestra que los llamados planes de contingencia consisten principalmente en transportar los residuos cada vez más lejos:

• de Montenegro a Pereira;
• de Pereira o Montenegro a Buga;
• del Quindío a Ibagué;
• o eventualmente hacia Manizales.

Eso no es gestión integral de residuos. Es desplazar territorialmente la basura, aumentar la tarifa y consumir de manera sucesiva la vida útil de todos los rellenos disponibles.

Las empresas prestadoras ya advirtieron el impacto. ESACOR reconoció que un cambio de sitio afectaría los costos de sus usuarios; CLEAN ATMOSPHERE señaló riesgos sobre tiempos, rutas y vehículos; y NEPSA cuantificó el aumento tarifario y demostró la presión extraordinaria del turismo: Cocora genera alrededor del 11,3 % de los residuos de Salento, aunque representa solo el 2,66 % de los usuarios y el 3,19 % del recaudo.

Frente a esta realidad, la RAP debió priorizar un Sistema Regional de Economía Circular, con:

ü  auditoría técnica armonizada de los cinco rellenos;

ü  actualización conjunta de los PGIRS;

ü  programa regional Basura Cero;

ü  separación obligatoria en la fuente;

ü  plantas de clasificación, compostaje y biodigestión;

ü  tratamiento avanzado de lixiviados;

ü  aprovechamiento del biogás;

ü  gestión de residuos especiales y de construcción;

ü  formalización de recicladores;

ü  tarifas diferenciales y comparendos ambientales efectivos;

ü  obligaciones específicas para turismo, comercio, industria y grandes generadores.

La RAP planea por dónde entrarán las mercancías, pero no qué ocurrirá con sus empaques, residuos orgánicos, materiales desechables y desechos industriales después del consumo.

La existencia de capacidad en La Miel o La Esmeralda no elimina la crisis: solamente amplía temporalmente el mapa de lugares donde puede seguir enterrándose la basura.

Una región que garantiza el flujo de carros y mercancías, pero no reduce ni trata sus residuos, no está planificando el desarrollo: está aplazando una emergencia sanitaria y ambiental.

 

6.                       Los Nevados es presentado como proveedor de agua, pero no como sistema que exige límites

La propuesta reconoce que el Parque Nacional Natural Los Nevados abastece de agua a cerca de 3,5 millones de personas y pide cumplir la sentencia que lo reconoció como sujeto de derechos.

Ese reconocimiento es importante, pero insuficiente.

Proteger Los Nevados no puede limitarse a pedir presupuesto para Parques Nacionales. Es necesario conectar su protección con:

ü  control de la expansión urbana;

ü  regulación y restricción de la actividad turística;

ü  restauración de cuencas abastecedoras;

ü  protección de páramos y bosques altoandinos;

ü  reconversión de actividades productivas incompatibles;

ü  control de captaciones;

ü  medición de caudales;

ü  gestión de la demanda;

ü  reducción de pérdidas;

ü  gobernanza del agua;

ü  cumplimiento de los POMCA.

Resulta contradictorio defender formalmente Los Nevados y simultáneamente promover una red de carreteras, aeropuertos, plataformas y corredores turísticos sin presentar estudios integrales sobre sus efectos acumulativos.

No basta con declarar que el ecosistema debe protegerse. También hay que establecer qué actividades no puede soportar, cuáles deben limitarse y qué compensaciones ambientales deben exigirse.

 

La seguridad hídrica exige límites vinculantes al crecimiento

Nuestro Informe de Rendición de Cuentas propone que la seguridad hídrica deje de ser una aspiración y se convierta en un límite verificable para el ordenamiento territorial y la aprobación de proyectos.

Para ello plantea la incorporación del Índice de Máxima Capacidad Urbana —IMCU—, orientado a evaluar conjuntamente:

ü  disponibilidad y sostenibilidad del recurso hídrico;

ü  capacidad de potabilización;

ü  capacidad de las PTAR y alcantarillados;

ü  condiciones de riesgo;

ü  movilidad y equipamientos;

ü  presión sobre zonas de recarga;

ü  pérdida de suelo rural;

ü  capacidad institucional de los prestadores;

ü  impactos acumulativos del crecimiento.

El IMCU permitiría determinar cuánto crecimiento adicional puede soportar cada municipio antes de comprometer el agua, el saneamiento, la movilidad, la seguridad alimentaria o la calidad de vida. El informe también exige armonizar los POT, PBOT y EOT con el POMCA, activar alertas tempranas frente a proyectos en zonas críticas y exigir certificación de capacidad hídrica y de servicios públicos como requisito previo para cualquier desarrollo.

Esta propuesta debería extenderse a los proyectos de la RAP:

Ninguna doble calzada, plataforma logística, aeropuerto, corredor turístico o centro industrial debe considerarse viable sin demostrar previamente que los municipios afectados cuentan con agua, saneamiento, gestión de residuos y capacidad institucional suficiente para absorber sus impactos directos e inducidos.

 

7.                       El PCCC está ausente como sistema territorial vivo

La omisión del Paisaje Cultural Cafetero de Colombia es especialmente grave.

El PCCC no es un fondo escénico para atraer turistas ni un paisaje decorativo que pueda atravesarse con nuevas vías. Es un territorio cultural, productivo, ambiental y social cuya permanencia depende de la relación entre:

ü  agua;

ü  suelo;

ü  café;

ü  biodiversidad;

ü  arquitectura;

ü  comunidades rurales;

ü  economía campesina;

ü  pueblos y ciudades;

ü  prácticas culturales;

ü  conectividad ecológica.

La propuesta de la RAP trata a la región principalmente como corredor económico. En esa lógica, el paisaje corre el riesgo de convertirse en una marca promocional al servicio del turismo y de la valorización inmobiliaria, mientras se degradan las condiciones que le dieron origen.

No se observa una estrategia específica para:

ü  evitar la urbanización dispersa del suelo rural;

ü  controlar la suburbanización;

ü  proteger suelos agrícolas;

ü  conservar la arquitectura tradicional;

ü  apoyar la permanencia de las familias cafeteras;

ü  evitar la gentrificación rural;

ü  ordenar el turismo según capacidad de carga;

ü  prevenir la transformación de fincas productivas en condominios y alojamientos;

ü  proteger corredores ecológicos;

ü  detener la fragmentación del paisaje por obras lineales.

En otras palabras:

La RAP promueve infraestructura dentro del PCCC, pero no presenta una política equivalente para impedir que esa misma infraestructura termine destruyendo sus atributos.

La protección del PCCC requiere además una evaluación de impactos acumulativos, no únicamente estudios aislados por proyecto. El Informe de Rendición de Cuentas formuló esta exigencia frente a la expansión del aguacate Hass, pero el principio es plenamente aplicable a la infraestructura logística, vial, turística y urbana.

Entre las propuestas desarrolladas se encuentran:

ü  exclusión de actividades intensivas en páramos, humedales, rondas hídricas, nacimientos, zonas de recarga y áreas protegidas;

ü  moratoria temporal de nuevas concesiones de agua en subcuencas con estrés hídrico, déficit de saneamiento o incumplimiento de metas de calidad;

ü  balances hídricos por subcuenca;

ü  evaluación de efectos sinérgicos entre proyectos;

ü  análisis de fragmentación ecológica;

ü  trazabilidad de usuarios y caudales concesionados;

ü  publicación abierta de concesiones y estudios ambientales;

ü  aplicación efectiva del principio de precaución;

ü  participación de las comunidades en las decisiones.

La RAP debió aplicar esos mismos criterios a su portafolio. No puede evaluar separadamente una doble calzada, un aeropuerto, una plataforma logística y un corredor turístico cuando todos ellos convergen sobre los mismos municipios, fuentes hídricas, suelos cafeteros y ecosistemas.

El impacto real no es la suma administrativa de licencias independientes. Es la presión acumulada que todas esas obras ejercen simultáneamente sobre el territorio.

 

8.                       Contraste con las recomendaciones formuladas desde el CISER

Las propuestas planteadas desde el CISER parten de una lógica distinta: primero debe garantizarse la vida y después debe definirse cuánto crecimiento puede soportar el territorio.

Entre las prioridades propuestas se encuentran:

Seguridad hídrica real

ü  modernización y repotenciación de las PTAP;

ü  tecnologías avanzadas de tratamiento donde sean técnicamente necesarias;

ü  tanques de almacenamiento redundantes;

ü  reservas para contingencias;

ü  reducción de pérdidas de agua;

ü  fortalecimiento de los prestadores e incluso fusión de las empresas de servicios públicos;

ü  apoyo técnico y financiero a acueductos rurales;

ü  protección de cuencas y microcuencas abastecedoras;

ü  medición de la capacidad real de oferta frente al crecimiento urbano.

Saneamiento y descontaminación

ü  construcción y modernización de PTAR;

ü  tratamiento efectivo de vertimientos en cada uno de los complejos urbanos y productivos;

ü  soluciones rurales de saneamiento;

ü  recuperación de ríos y quebradas;

ü  reúso de aguas tratadas y de aguas lluvias;

ü  control estricto de cargas contaminantes.

Gestión de residuos

ü  separación obligatoria en la fuente;

ü  reciclaje y aprovechamiento;

ü  tratamiento de residuos orgánicos;

ü  fortalecimiento de recicladores;

ü  disminución gradual del enterramiento;

ü  soluciones regionales con enfoque de economía circular;

ü  imposición masiva de comparendos ambientales;

ü  control de lixiviados y pasivos ambientales.

Ordenamiento con límites

ü  aplicación efectiva de los POMCA;

ü  reconocimiento de las determinantes ambientales;

ü  protección del PCCC;

ü  medición de la capacidad de carga y respeto de sus resultados;

ü  restricción de desarrollos incompatibles con la disponibilidad de agua;

ü  evaluación acumulativa de proyectos;

ü  condicionamiento de obras a la existencia previa de servicios públicos.

Frente a esta visión, la propuesta de la RAP luce incompleta y desequilibrada. Pone el crecimiento económico como objetivo y la sostenibilidad como condición retórica, cuando debería ocurrir lo contrario: la protección de la vida debe ser el límite dentro del cual pueda desarrollarse la economía.

 

La agenda construida desde el Consejo de Cuenca

Las propuestas del CISER encuentran continuidad y respaldo territorial en la gestión desarrollada desde la Presidencia del Consejo de Cuenca. Esta agenda puede organizarse en ocho grandes componentes que la RAP debería incorporar:

1. Gobernanza hídrica basada en evidencia

ü  línea base regional de agua, saneamiento, riesgo y residuos;

ü  sistema de información integrado;

ü  publicación de concesiones y permisos;

ü  indicadores comparables por municipio y subcuenca;

ü  seguimiento ciudadano y trazabilidad institucional.

2. Fortalecimiento de los acueductos urbanos y rurales

ü  diagnóstico técnico y financiero;

ü  actualización de mapas de riesgo;

ü  mejora de procesos de potabilización;

ü  reducción de pérdidas;

ü  almacenamiento redundante;

ü  formalización y acompañamiento a acueductos comunitarios;

ü  protección de sus fuentes abastecedoras.

3. Saneamiento y recuperación de cuerpos de agua

ü  PTAR y soluciones descentralizadas;

ü  cumplimiento de PSMV;

ü  control de vertimientos;

ü  tratamiento de lodos;

ü  recuperación de ríos y quebradas;

ü  reúso y aprovechamiento de aguas lluvias.

4. Ordenamiento subordinado al POMCA

ü  revisión de coherencia entre POT y POMCA;

ü  protección efectiva de rondas y zonas de recarga;

ü  freno a licencias incompatibles con la capacidad ambiental;

ü  aplicación del IMCU;

ü  certificación previa de disponibilidad hídrica y capacidad de servicios.

5. Gestión regional de residuos

ü  Observatorio Regional;

ü  PGIRS armonizados;

ü  Basura Cero;

ü  compostaje;

ü  aprovechamiento;

ü  reciclaje;

ü  biogás;

ü  tratamiento de lixiviados;

ü  auditoría a rellenos;

ü  contingencias regionales.

6. Evaluación acumulativa y principio de precaución

ü  análisis conjunto de proyectos;

ü  balances hídricos por subcuenca;

ü  capacidad de carga ecosistémica;

ü  control de fragmentación;

ü  restricciones temporales cuando exista incertidumbre grave.

7. Participación y Acuerdo de Escazú

ü  acceso abierto a la información;

ü  sesiones territoriales e itinerantes;

ü  participación de comunidades y acueductos rurales;

ü  observatorio ciudadano;

ü  escuela ambiental;

ü  protección de líderes y veedores.

8. Auditoría ambiental de campo

ü  recorridos técnicos por los ríos;

ü  identificación directa de vertimientos y presiones;

ü  verificación de obras;

ü  diálogo con comunidades ribereñas;

ü  evidencia territorial para adoptar decisiones.

El informe demuestra que la participación ambiental no debe limitarse a socializar proyectos ya decididos. Debe permitir que las comunidades produzcan información, cuestionen prioridades y condicionen la inversión pública.

 

9.                       El riesgo de convertir al Quindío en corredor de paso y zona de sacrificio

Para el Quindío, la agenda es particularmente preocupante.

El departamento aparece asociado con:

ü  doble calzada Calarcá–La Paila;

ü  corredor Armenia–Pereira–Manizales;

ü  conexión Armenia–Cartago;

ü  conexión férrea Zarzal–La Tebaida;

ü  plataforma logística de La Tebaida;

ü  Aeropuerto Internacional El Edén.

Estas obras van a incrementar:

ü  tráfico pesado;

ü  contaminación atmosférica y acústica;

ü  expansión urbana;

ü  ocupación de suelo rural;

ü  especulación inmobiliaria;

ü  presión turística;

ü  demanda de agua;

ü  generación de residuos;

ü  vertimientos;

ü  fragmentación ecológica;

ü  afectación del paisaje.

Sin embargo, no se presenta para el Quindío un paquete simultáneo y obligatorio de:

ü  seguridad hídrica;

ü  nuevas capacidades de tratamiento;

ü  fortalecimiento de acueductos;

ü  saneamiento regional;

ü  solución para residuos;

ü  protección de suelos cafeteros;

ü  evaluación de capacidad de carga;

ü  compensaciones ambientales.

El departamento corre el riesgo de soportar las externalidades del comercio regional sin capturar beneficios proporcionales y sin recibir las inversiones necesarias para proteger su territorio.

La región no puede tratar al Quindío como un espacio disponible para el tránsito entre La Línea, el Valle del Cauca, Risaralda y los puertos.

Este riesgo no es hipotético. El propio Consejo de Cuenca identificó como fuentes potenciales de pasivos ambientales los rellenos sanitarios, lixiviados, vertimientos, infraestructura vial, ocupación de rondas, cambios de uso del suelo y monocultivos intensivos. La gestión propuso inventariar estas cargas, identificar responsables y determinar necesidades de restauración y compensación.

Por ello, cualquier proyecto de la RAP con incidencia sobre el Quindío debería estar acompañado de una Matriz Regional de Pasivos, Riesgos y Compensaciones, que señale:

ü  ecosistemas y fuentes afectadas;

ü  incremento de demanda hídrica;

ü  residuos y vertimientos adicionales;

ü  suelos productivos transformados;

ü  población expuesta;

ü  impactos paisajísticos;

ü  medidas de prevención;

ü  compensaciones;

ü  responsables;

ü  indicadores y seguimiento.

Sin esta matriz, el Quindío puede recibir el tráfico, el ruido, la contaminación, la presión turística, la urbanización y los residuos, mientras la rentabilidad y la centralidad económica se concentran en otros nodos de la región.

 

10.                   La falacia de que toda infraestructura equivale a desarrollo

El documento parte de una concepción tradicional según la cual construir más infraestructura física produce automáticamente crecimiento, competitividad y bienestar.

Esa relación no es automática.

Una carretera puede reducir tiempos de viaje, pero también:

ü  inducir expansión urbana;

ü  aumentar el valor especulativo del suelo;

ü  fragmentar ecosistemas;

ü  desplazar economías campesinas;

ü  incrementar emisiones;

ü  aumentar accidentes;

ü  generar demanda adicional de viajes;

ü  facilitar turismo masivo;

ü  trasladar costos ambientales a los municipios.

Una plataforma logística puede generar actividad económica, pero también elevar el consumo de agua, la producción de residuos, el tráfico de carga y la ocupación de suelo.

Un aeropuerto ampliado puede aumentar la conectividad, pero también incrementar presión inmobiliaria, ruido, emisiones y turismo no regulado.

Por eso, ningún proyecto puede declararse estratégico únicamente por su aporte al comercio. También debe evaluarse por su compatibilidad con:

ü  el agua disponible;

ü  la capacidad de saneamiento;

ü  los límites de los ecosistemas;

ü  la protección del paisaje;

ü  la calidad de vida;

ü  la equidad territorial;

ü  la resiliencia climática.

 

11.                   “Movilidad sostenible” no puede ser una etiqueta compensatoria

La incorporación de expresiones como sostenibilidad, intermodalidad, protección ambiental o descarbonización no corrige el desequilibrio de fondo.

Un tren puede emitir menos por tonelada transportada que una flota de camiones, pero ello no convierte automáticamente todo el proyecto en ambientalmente sostenible.

Debe evaluarse:

ü  el trazado;

ü  la afectación de fuentes hídricas;

ü  el movimiento de tierras;

ü  la fragmentación de hábitats;

ü  la presión inducida sobre el suelo;

ü  la energía utilizada;

ü  las nuevas actividades asociadas;

ü  los impactos acumulativos;

ü  la capacidad de los municipios receptores.

La sostenibilidad no se acredita por el modo de transporte elegido, sino por la relación integral entre infraestructura, ecosistemas y comunidades.

 

12.                   Lo ambiental no puede ser un capítulo separado

Uno de los errores conceptuales más graves es presentar “lo ambiental” como un tema adicional, ubicado después de la infraestructura y la logística.

El ambiente no es un sector. Es la base material de todos los sectores.

Sin agua:

v  no hay ciudades;

v  no hay hospitales;

v  no hay turismo;

v  no hay agricultura;

v  no hay industria;

v  no hay logística;

v  no hay vida.

Por tanto, cada proyecto ferroviario, vial, aeroportuario o productivo debería estar condicionado desde su formulación a demostrar:

1)        disponibilidad suficiente de agua;

2)        capacidad de tratamiento de aguas residuales;

3)        gestión integral de residuos;

4)        compatibilidad con los POMCA;

5)        respeto de determinantes ambientales;

6)        evaluación de impactos acumulativos;

7)        protección de suelos agrícolas y ecosistemas;

8)        adaptación al cambio climático;

9)        capacidad institucional de los municipios;

10)    beneficios sociales superiores a los costos territoriales.

Mientras esto no ocurra, lo ambiental seguirá siendo un apéndice destinado a legitimar decisiones tomadas previamente desde la lógica económica.

Reorientación necesaria: un verdadero Pacto Regional por la Vida

Antes de solicitar $22 billones para infraestructura logística, la RAP debería estructurar un Pacto Regional por el Agua, el Saneamiento, los Residuos y la Protección del PCCC, con proyectos definidos, metas, responsables, financiación y cronogramas.

Este pacto debería incluir como mínimo:

1. Plan Maestro Regional de Seguridad Hídrica

Inventario de fuentes, con balances hídricos de oferta y demanda por subcuenca, escenarios climáticos, protección de cuencas, modernización de PTAP, reducción de pérdidas, almacenamiento estratégico y fortalecimiento de acueductos rurales.

2. Plan Regional de Saneamiento y Descontaminación

Con PTAR, PSMV, soluciones de tratamiento rurales, control de vertimientos, tratamiento de lodos, reúso y metas de recuperación de ríos y quebradas y financiación estable de la operación.

3. Sistema Regional de Economía Circular y Basura Cero

Con metas anuales de reducción del enterramiento, separación, compostaje, reciclaje, aprovechamiento, biogás, formalización de recicladores, tratamiento de lixiviados y reducción verificable de disposición final.

4. Observatorio Regional de Agua, Residuos y Seguridad Ambiental

Que integre información de las CAR, alcaldías, prestadores, autoridades sanitarias, DANE, órganos de control, academia y ciudadanía.

5. Auditoría técnica independiente a Andalucía y La Glorita

Para establecer capacidad remanente, cumplimiento ambiental, riesgos, contingencias y necesidades de inversión.

6. Estatuto de Protección del PCCC

Con límites a la suburbanización, protección de suelo agrícola, regulación del turismo, control de grandes desarrollos, conservación de los valores bioculturales y preservación de atributos culturales y paisajísticos.

7. Aplicación regional del IMCU

Como instrumento para definir límites de crecimiento según agua, saneamiento, residuos, riesgos, movilidad, servicios y capacidad ecosistémica.

8. Evaluación ambiental estratégica y acumulativa

Aplicada al conjunto de proyectos viales, férreos, aeroportuarios, turísticos, agroindustriales y logísticos. Los proyectos no deben estudiarse aisladamente. Deben analizarse en conjunto para determinar su presión total sobre agua, biodiversidad, residuos, movilidad y suelo.

9. Regla de preexistencia de servicios

Ningún proyecto logístico, urbano, turístico o industrial debería aprobarse o financiarse sin demostrar previamente que existe capacidad suficiente de agua potable, alcantarillado, tratamiento y gestión de residuos.

10. Sistema de participación y control bajo el Acuerdo de Escazú

Con información abierta, sesiones territoriales, observatorio ciudadano, auditorías de campo y participación incidente de comunidades, acueductos rurales y organizaciones ambientales.

 

13.                   Conclusión

La propuesta de la RAP Eje Cafetero no es una agenda integral de desarrollo regional. Es, principalmente, una agenda de transporte, logística para una supuesta competitividad que incorpora el ambiente como un capítulo secundario.

Reconoce el riesgo de desabastecimiento de agua, pero no formula las soluciones. Defiende Los Nevados, pero no establece límites claros al crecimiento que amenaza sus cuencas. Promueve nuevas actividades económicas, pero no estructura el saneamiento ni la gestión de los residuos que esas actividades exigirán. Habla de sostenibilidad, pero no prioriza la supervivencia material de las comunidades.

La gravedad de la omisión de la RAP aumenta porque el Consejo de Cuenca y las organizaciones territoriales no se limitaron a protestar. Se construyeron diagnósticos, se solicitaron datos a decenas de entidades, se identificaron riesgos sobre agua, saneamiento, residuos y ordenamiento, se formularon instrumentos como el IMCU, se propuso un observatorio regional, se pidió armonizar los PGIRS, se planteó Basura Cero y se advirtió sobre la capacidad crítica de los rellenos sanitarios.

La RAP no puede afirmar que no conocía estas problemáticas. La ponencia sobre residuos deja constancia expresa de que fue convocada a ejercer su función articuladora y que su respuesta no correspondió a la magnitud de la crisis.

Por ello, la crítica no es simplemente que el ambiente tenga pocas páginas. La crítica es que la RAP recibió una región con advertencias concretas, riesgos documentados y propuestas técnicamente estructuradas, pero decidió seguir concentrando su capacidad de interlocución política en la infraestructura destinada a movilizar mercancías.

Mientras el Consejo de Cuenca preguntaba cuánta agua queda, qué calidad tiene, dónde se vierte, cuánto pueden resistir los rellenos y qué capacidad real poseen los municipios, la RAP seguía preguntando cuántos kilómetros de vía, cuántos trenes, cuántos aeropuertos y cuántas plataformas logísticas podían financiarse.

Esa diferencia resume dos modelos de región: uno que mide el éxito por la velocidad del comercio y otro que mide la dignidad por la capacidad de garantizar agua segura, saneamiento, aire limpio, residuos tratados y un territorio habitable para las próximas generaciones.

La crítica debe formularse con absoluta claridad:

No puede llamarse desarrollo a una agenda que sabe que 43 municipios pueden quedarse sin agua, pero dedica su mayor esfuerzo a asegurar que los carros, los trenes y las mercancías nunca se detengan.

No existe competitividad posible en un territorio sin agua, sin saneamiento, con ríos contaminados y rellenos sanitarios agotados. Lo demás es crecimiento aparente financiado con la degradación de la vida.

La verdadera infraestructura estratégica del Eje Cafetero no empieza en una doble calzada, un aeropuerto o una plataforma logística. Empieza en las cuencas que producen el agua, en las plantas que la vuelven potable, en los sistemas que tratan los vertimientos y en las soluciones que impiden que los residuos sepulten el territorio.

La región debe decidir qué quiere ser: un corredor para que circulen más mercancías o un territorio capaz de sostener la vida de sus habitantes durante los próximos cien años.

 

Atentamente,

 

Luis Alberto Vargas Ballén
Director CORPOCISER – Desarrollo Regional con Cero Huella de Carbono.

Nota: Este es un documento electrónico generado desde los Sistemas de Información de la CORPORACIÓN CISER.  El original reposa en los archivos digitales de la Entidad.

Past presidente Consejo de Cuenca del POMCA del río La Vieja
Vocero Veeduría Cívica Armenia y Quindío

 

ANEXO 01. Resumen técnico de las propuestas de la RAP Eje Cafetero para el Plan Nacional de Desarrollo 2026–2030

La RAP Eje Cafetero propone incorporar al próximo Plan Nacional de Desarrollo una agenda regional de proyectos supra departamentales orientada principalmente a mejorar la competitividad, la conectividad logística, la infraestructura de transporte, la protección ambiental y la atención en salud de los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima.

La propuesta parte del Plan Logístico Regional 2025–2040, que contiene 32 proyectos y estima inversiones cercanas a $22 billones durante los próximos 15 años. Su enfoque central es consolidar al Eje Cafetero como nodo estratégico de conexión entre el centro del país, los puertos del Pacífico y el Caribe y los principales corredores nacionales de comercio.

1.                       Conectividad ferroviaria

La RAP plantea fortalecer una red ferroviaria regional y nacional que conecte plataformas logísticas, zonas productivas y puertos.

Los principales proyectos mencionados son:

• Rehabilitación y nuevos trazados del Tren del Pacífico, particularmente en el trayecto Yumbo–La Felisa.
• Construcción de un ramal ferroviario desde La Felisa hacia la futura Plataforma Logística del Occidente Colombiano —PLOC—, en La Virginia.
• Desarrollo del Tren del Café, para conectar la estación ferroviaria de Caldas con Caimalito, en Risaralda.
• Conexión ferroviaria Neiva–Tolima–La Dorada, con proyección hacia Chiriguaná y Santa Marta.
• Conexión ferroviaria del Pacífico entre Zarzal y La Tebaida, considerada estratégica para el Quindío.

Se indica que los estudios del Tren del Café tienen un costo cercano a $25.000 millones, con aportes de la CAF y recursos del Sistema General de Regalías.

2.                       Infraestructura vial y corredores nacionales

La agenda vial tiene un peso considerable dentro de la propuesta. La RAP plantea continuar, completar o estructurar varios corredores considerados estratégicos para la movilidad regional y el comercio nacional.

Entre ellos se encuentran:

• Nueva concesión del corredor Ibagué–Cajamarca, tramo de la vía nacional 40.
• Terminación de la doble calzada Armenia–Pereira–Manizales.
• Construcción de la doble calzada Calarcá–La Paila.
• Terminación o mejoramiento del corredor Armenia–Cartago.
• Mejoramiento de la vía Mariquita–Manizales.
• Construcción o mejoramiento de las vías Samán–Pereira–Dosquebradas–La Virginia.
• Construcción de una conexión vial entre Risaralda y Chocó.
• Creación de un fondo cofinanciado entre la Nación y los gobiernos territoriales para la construcción y mantenimiento de vías terciarias.

La justificación técnica se concentra en la reducción de costos logísticos, el fortalecimiento del comercio exterior y la conexión con los corredores hacia los océanos Pacífico y Atlántico.

3.                       Plataformas logísticas y puertos secos

La RAP propone consolidar una red de nodos logísticos regionales que permita concentrar, almacenar, transformar y movilizar carga.

Se destacan:

• Fortalecimiento de la plataforma logística de La Dorada.
• Desarrollo de la Plataforma Logística del Occidente Colombiano —PLOC— en La Virginia.
• Reactivación de la plataforma logística de Tebaida, en el Quindío.
• Modernización y operación de puertos secos.
• Especialización económica y tecnológica de corredores logísticos.

También se menciona el acompañamiento a corredores productivos como:

• Agroindustrial de Caldas —CLAO—.
• Agroindustrial, turístico y tecnológico del centro del Tolima —CLATT—.
• Corredor Cerritos–La Virginia.

4.                       Infraestructura aeroportuaria

La RAP plantea una agenda aeroportuaria regional con varios proyectos de ampliación y modernización:

• Construcción del Aeropuerto del Café, en Palestina, Caldas.
• Ampliación de pista y modernización tecnológica del Aeropuerto Internacional Matecaña, en Pereira.
• Ampliación y mejoramiento de las instalaciones del Aeropuerto de Flandes.
• Ejecución del Plan Maestro del aeropuerto El Edén, en Armenia.
• Definición del futuro del aeropuerto Matecaña.

Estos proyectos se vinculan con la conectividad nacional e internacional, el turismo, la carga aérea y la competitividad exportadora.

5.                       Agenda ambiental

El componente ambiental se concentra en tres asuntos principales:

Seguridad hídrica y adaptación climática.
La RAP cita un estudio según el cual 43 de los 100 municipios de la región presentan riesgo alto o medio de desabastecimiento de agua durante temporadas de intenso calor. Frente a este diagnóstico, solicita acciones conjuntas de alcaldías, gobernaciones, corporaciones autónomas regionales y el Ministerio de Ambiente.

Protección del Parque Nacional Natural Los Nevados.
Se propone que el Gobierno nacional garantice el cumplimiento de la sentencia que reconoció a Los Nevados como sujeto de derechos y asigne los instrumentos institucionales y presupuestales necesarios a Parques Nacionales y a las entidades territoriales. El documento resalta que este ecosistema abastece de agua a cerca de 3,5 millones de personas.

Geoparque Volcán del Ruiz.
Se plantea posicionarlo como prioridad regional dentro del componente ambiental del Plan Nacional de Desarrollo, destacando su valor científico, social y económico.

6.                       Salud regional

La RAP propone incluir en el Plan Nacional de Desarrollo y en el plan plurianual de inversiones la construcción de un Hospital Regional de Alta Complejidad en Pereira.

La iniciativa tendría cobertura sobre:

• Caldas.
• Quindío.
• Risaralda.
• Chocó.
• Norte del Valle del Cauca.
• Norte del Tolima.

Además, se solicita el rescate y fortalecimiento financiero de la red hospitalaria pública regional, debido a sus dificultades económicas y al riesgo que estas representan para la atención oportuna de los pacientes.

Síntesis de la orientación general

La propuesta de la RAP Eje Cafetero tiene una orientación predominantemente logística, vial, ferroviaria, aeroportuaria y productiva. Su propósito central es reducir costos de transporte, conectar la región con los puertos, fortalecer el comercio exterior y elevar los indicadores de competitividad.

El componente ambiental sí aparece, pero se concentra en declaraciones generales sobre seguridad hídrica, protección de Los Nevados y promoción del Geoparque Volcán del Ruiz. En las páginas revisadas no se identifican proyectos específicos, presupuestados y territorializados para:

• ampliación o modernización de PTAP;
• tratamiento de aguas residuales;
• construcción de PTAR;
• reducción de pérdidas en acueductos;
• fortalecimiento de acueductos rurales;
• gestión integral de residuos sólidos;
• aprovechamiento, compostaje o reciclaje;
• tratamiento de lixiviados;
• recuperación de cuencas y microcuencas abastecedoras;
• protección concreta del Paisaje Cultural Cafetero.

Por tanto, el documento reconoce que existe riesgo de desabastecimiento hídrico, pero todavía no traduce ese diagnóstico en una cartera de inversiones ambientales comparable, en precisión y alcance, con la extensa agenda de carreteras, trenes, aeropuertos y plataformas logísticas. Esa diferencia revela que la infraestructura económica está formulada como proyecto, mientras la protección ambiental permanece principalmente como declaración de intención.

 

7.                       Análisis territorial de los proyectos priorizados por la RAP Eje Cafetero

La distribución de los proyectos propuestos para el Plan Nacional de Desarrollo 2026–2030 evidencia una concentración territorial desigual. Aunque la RAP presenta la agenda como supra departamental, buena parte de las inversiones se localiza en nodos específicos, especialmente en Risaralda y Caldas, mientras Quindío y Tolima cumplen principalmente funciones de conexión y tránsito.

Para comparar la concentración, se contabilizaron los proyectos que tienen una localización departamental expresa. Los proyectos compartidos aparecen en cada territorio involucrado, debido a que generan infraestructura, impactos o beneficios directos en todos ellos. No se incluyeron en el conteo los planteamientos genéricos sobre vías terciarias, seguridad hídrica, Los Nevados o fortalecimiento hospitalario regional.

Clasificación por concentración territorial

Prioridad	Departamento	Proyectos con incidencia territorial identificada	Papel predominante
1	Risaralda	9	Nodo logístico, vial, aeroportuario y hospitalario
2	Caldas	8	Nodo ferroviario, aeroportuario, logístico y agroindustrial
3	Quindío	6	Corredor de conexión vial, ferroviaria y logística
4	Tolima	5	Puerta de conexión entre el centro del país y el Eje Cafetero

Esta clasificación no representa necesariamente el número definitivo de proyectos del Plan Logístico Regional, sino la concentración observable en las propuestas divulgadas.

 

8.                       Risaralda: mayor concentración y principal centro funcional

Risaralda es el departamento más favorecido por la distribución de proyectos. Pereira, Dosquebradas, La Virginia y Caimalito aparecen como puntos centrales de la agenda regional.

Proyectos identificados

1.         Plataforma Logística del Occidente Colombiano —PLOC— en La Virginia.

2.         Ramal ferroviario entre La Felisa y la PLOC.

3.         Tren del Café entre Caldas y Caimalito.

4.         Terminación de la doble calzada Armenia–Pereira–Manizales.

5.         Corredor vial Samán–Pereira–Dosquebradas–La Virginia.

6.         Conexión vial entre Risaralda y Chocó.

7.         Ampliación de pista y modernización del Aeropuerto Internacional Matecaña.

8.         Corredor logístico Cerritos–La Virginia.

9.         Hospital Regional de Alta Complejidad en Pereira.

Lectura técnica

La RAP está consolidando a Risaralda, y especialmente a Pereira, como el centro operativo del Eje Cafetero. En el departamento convergen:

o   infraestructura férrea;

o   plataforma logística;

o   corredores viales nacionales;

o   aeropuerto internacional;

o   servicios hospitalarios de alta complejidad;

o   conexiones con el Pacífico y el Chocó.

No se trata solamente de una concentración cuantitativa, sino de una concentración de proyectos con capacidad para producir centralidad económica, valorización del suelo, captación de inversión y concentración de servicios regionales.

El Hospital Regional en Pereira refuerza esa posición. Aunque se presenta como una solución para seis departamentos, la infraestructura física, el empleo especializado, la contratación y buena parte de la actividad económica quedarían localizados en Risaralda.

Prioridad territorial

Muy alta. Risaralda es el principal beneficiario directo y el nodo articulador de la agenda.

 

9.                       Caldas: plataforma ferroviaria, aeroportuaria y productiva

Caldas ocupa el segundo lugar y cuenta con proyectos estratégicos de gran escala, particularmente en La Dorada, Manizales, Palestina y La Felisa.

Proyectos identificados

1.         Rehabilitación del Tren del Pacífico hasta La Felisa.

2.         Tren del Café entre Caldas y Caimalito.

3.         Conexión ferroviaria Neiva–Tolima–La Dorada.

4.         Terminación de la doble calzada Armenia–Pereira–Manizales.

5.         Mejoramiento de la vía Mariquita–Manizales.

6.         Construcción del Aeropuerto del Café en Palestina.

7.         Fortalecimiento de la plataforma logística de La Dorada.

8.         Corredor Logístico Agroindustrial de Caldas —CLAO—.

Lectura técnica

Caldas presenta una agenda más diversificada que la del resto de los departamentos. Combina:

o   ferrocarriles;

o   carreteras;

o   aeropuerto;

o   plataforma logística;

o   agroindustria;

o   conexión con el río Magdalena y el centro del país.

La Dorada aparece como un nodo especialmente estratégico por su relación con el corredor férreo nacional, el Magdalena Medio y las conexiones hacia Chiriguaná y Santa Marta. Palestina y Manizales concentran las apuestas aeroportuarias y viales.

Mientras Risaralda se proyecta como centro de servicios y distribución regional, Caldas se posiciona como plataforma de articulación entre la región andina, el Magdalena y los corredores de exportación.

Prioridad territorial

Alta. Caldas recibe proyectos de gran escala y alto valor estratégico nacional.

 

10.                   Quindío: territorio de paso y conexión, pero sin centralidad regional equivalente

El Quindío ocupa el tercer lugar por número de proyectos territorialmente identificables. Sin embargo, la naturaleza de su participación es diferente: aparece principalmente como corredor de tránsito entre el centro del país, el Valle del Cauca y los puertos del Pacífico.

Proyectos identificados

1.         Conexión ferroviaria Zarzal–La Tebaida.

2.         Terminación de la doble calzada Armenia–Pereira–Manizales.

3.         Doble calzada Calarcá–La Paila.

4.         Terminación o mejoramiento de la vía Armenia–Cartago.

5.         Reactivación de la plataforma logística de La Tebaida.

6.         Ejecución del Plan Maestro del Aeropuerto Internacional El Edén.

Lectura técnica

El Quindío concentra proyectos alrededor de tres puntos:

• Armenia, como nodo vial;
• La Tebaida, como nodo logístico y ferroviario;
• El Edén, como infraestructura aeroportuaria.

La agenda convierte al departamento en una pieza de conexión entre Bogotá, el corredor de La Línea, el Valle del Cauca, Buenaventura, Pereira y Cartago.

No obstante, existe una diferencia sustancial frente a Risaralda y Caldas: en el Quindío predominan los proyectos destinados a facilitar el paso de personas, vehículos y mercancías, no necesariamente a consolidar servicios regionales superiores o centros productivos de mayor complejidad.

Esta situación genera una preocupación especial. El departamento puede asumir:

o   mayor presión sobre sus vías y suelos;

o   expansión urbana y logística;

o   aumento del tráfico pesado;

o   transformación de áreas rurales;

o   afectación del Paisaje Cultural Cafetero;

o   presión sobre fuentes hídricas y servicios públicos;

o   incremento del turismo masivo y de la generación de residuos.

Pero el portafolio no presenta una compensación equivalente en materia de agua potable, saneamiento, tratamiento de vertimientos, residuos sólidos o restauración ecológica.

Prioridad territorial

Media por cantidad de proyectos, pero subordinada en su función. El Quindío es relevante como corredor, aunque no recibe una centralidad institucional y económica comparable con Pereira o La Dorada.

 

11.                   Tolima: conexión nacional y puerta oriental de la región

Tolima registra una menor concentración de proyectos en las páginas analizadas, aunque algunos tienen importancia nacional.

Proyectos identificados

1.         Nueva concesión vial Ibagué–Cajamarca.

2.         Conexión ferroviaria Neiva–Tolima–La Dorada.

3.         Mejoramiento de la vía Mariquita–Manizales.

4.         Ampliación y mejoramiento del Aeropuerto de Flandes.

5.         Corredor Agroindustrial, Turístico y Tecnológico del Centro del Tolima —CLATT—.

Lectura técnica

Tolima cumple una función de enlace entre Bogotá, el centro del país, el valle del Magdalena y el Eje Cafetero. El corredor Ibagué–Cajamarca tiene gran importancia porque conecta con el túnel de La Línea y soporta una parte significativa del comercio nacional.

Sin embargo, las iniciativas se encuentran más dispersas territorialmente:

o   Ibagué y Cajamarca en el centro;

o   Mariquita y Flandes en el norte y oriente;

o   conexión ferroviaria hacia La Dorada.

La propuesta no configura un único nodo tan definido como Pereira, La Virginia o La Dorada. Tolima aparece como territorio de articulación nacional, más que como centro funcional interno de la RAP.

Prioridad territorial

Media-baja. Tiene proyectos estratégicos, pero menor concentración y cohesión territorial dentro del portafolio presentado.

 

12.                   Jerarquía funcional de los departamentos

La distribución permite identificar cuatro funciones distintas:

1. Risaralda: el nuevo gran centro regional

Concentra logística, servicios especializados, aeropuerto, salud, ferrocarril y conexiones viales. Pereira y La Virginia son los principales beneficiarios de la agenda.

2. Caldas: plataforma de conexión nacional

La Dorada, La Felisa, Palestina y Manizales articulan ferrocarril, aeropuerto, agroindustria y transporte hacia el Magdalena y el Caribe.

3. Quindío: corredor logístico y paisajístico -pasadero de buses y camiones-

El departamento facilita el tránsito entre el centro del país y el Pacífico, pero recibe simultáneamente una fuerte presión territorial, ambiental y urbanística.

4. Tolima: puerta oriental

Conecta el Eje Cafetero con Bogotá, el Magdalena y el sur del país, aunque con una agenda más dispersa.

 

13.                   Hallazgo principal: concentración económica sin equilibrio ambiental

El mayor problema no es solamente que unos departamentos reciban más proyectos que otros. El problema estructural es que la RAP concentra la planeación en corredores, plataformas, aeropuertos y centros logísticos, mientras el componente ambiental carece de una distribución departamental concreta.

La agenda identifica que 43 de los 100 municipios presentan riesgo medio o alto de desabastecimiento de agua, pero no señala:

o   cuáles son los proyectos para cada departamento;

o   qué acueductos serán modernizados;

o   qué fuentes abastecedoras serán protegidas;

o   cuántas PTAP o PTAR serán construidas;

o   cuánto se invertirá en reducción de pérdidas;

o   qué soluciones se plantean para los acueductos rurales;

o   dónde se localizarán las infraestructuras para tratamiento y aprovechamiento de residuos;

o   qué medidas compensarán los impactos de los corredores logísticos.

La diferencia es evidente: los proyectos de transporte tienen nombres, trayectos, localización y fuentes potenciales de financiación; los problemas ambientales reciben diagnósticos generales y llamados institucionales.

 

14.                   Conclusión

La priorización territorial puede resumirse así:

Risaralda concentra los beneficios; Caldas consolida las plataformas estratégicas; Quindío soporta buena parte del tránsito y de la presión territorial; Tolima garantiza la conexión con el centro del país.

Desde la perspectiva del Quindío, esta agenda exige una revisión crítica. El departamento no puede aceptar convertirse en una plataforma de paso, carga, turismo y expansión urbana sin que antes se garanticen:

o   seguridad hídrica;

o   capacidad de los acueductos;

o   saneamiento básico;

o   tratamiento de aguas residuales;

o   solución regional de residuos;

o   protección del Paisaje Cultural Cafetero;

o   evaluación de capacidad de carga territorial;

o   compensaciones ambientales por la infraestructura proyectada.

No resulta admisible planear con precisión por dónde pasarán los trenes, las dobles calzadas y las mercancías, pero dejar sin proyecto, presupuesto y cronograma el agua que sostiene la vida de la región.

 

Atentamente,

 

Luis Alberto Vargas Ballén
Director CORPOCISER – Desarrollo Regional con Cero Huella de Carbono.

Nota: Este es un documento electrónico generado desde los Sistemas de Información de la CORPORACIÓN CISER.  El original reposa en los archivos digitales de la Entidad.

Past presidente Consejo de Cuenca del POMCA del río La Vieja
Vocero Veeduría Cívica Armenia y Quindío